Las acciones doradas
Como hemos visto en artículos anteriores, una acción es un tipo de activo financiero de renta variable que consiste en un título de propiedad de una parte del capital social de dicha empresa. Por tanto, el comprador de una acción se convierte en copropietario de la entidad emisora y adquiere una serie de derechos, como la participación en las juntas de accionistas o la emisión del voto en las asambleas. Existen muchos tipos de acciones, entre ellas, la acción dorada es un tipo de título interesante que puede evitar que se tomen decisiones que no convengan a la empresa.
Y es que una acción dorada es un tipo de acción que permite al titular de la misma de anular el derecho de voto del resto de las acciones ordinarias de una empresa concreta, en las distintas Asambleas de Accionistas o en las reuniones en las que se tomen decisiones importantes que puedan afectar al futuro de la empresa. Se recomienda que el poseedor de una acción dorada no abuse de este derecho, y que sea utilizado cuando estén en juego sus intereses o los del conjunto de la empresa. Por ejemplo, un accionista puede usar su acción dorada para defenderse ante una OPA hostil. Normalmente, las acciones doradas son propiedad del Gobierno de un Estado.
La acción dorada puede impedir, por tanto, que el comprador de un paquete de acciones de la empresa, contenga dicho paquete muchas o pocas acciones, pueda ejercer su derecho a voto en determinadas situaciones en las que el gobierno considere que puede afectar a los intereses nacionales. Así, en este tipo de circunstancias, se tendrá que pedir autorización al poseedor de la acción dorada, en muchos casos, al gobierno, en caso de tener la intención de hacer cambios en la empresa, como su venta, su fusión, etc.
Un dato interesante es que este derecho de anulación del voto del resto de accionistas tiene una duración determinada, habitualmente de entre cinco y diez años, pasados los cuales los accionistas tendrán mayor libertad para tomar las decisiones que estimen oportunas.
A pesar de que este mecanismo se sigue utilizando en bastantes ocasiones, la Directiva Comunitaria de Libertad de Movimientos de Capitales en el Espacio Económico Europeo no ve con buenos ojos este método y ha impuesto sanciones a varios países europeos por su continuo uso, como es el caso de España. En muchos de esos procesos, los distintos países intentaron evitar estas sanciones explotando la vía de la negociación y la persuasión con la empresa afectada.